LOS AYUNTAMIENTOS QUE INTENTEN PROHIBIR LOS TOROS PUEDEN INCURRIR EN UN DELITO DE PREVARICACIÓN

Pase de pecho de Salvador Vega hace dos temporadas en la plaza de Tudela.

Pase de pecho de Salvador Vega hace dos temporadas en la plaza de Tudela.

La Fundación del Toro de Lidia recuerda que los consistorios y diputaciones no son competentes.

La Fundación del Toro de Lidia sigue trabajando en los mecanismos que garanticen la defensa de la Tauromaquia. En esta ocasión, la entidad ha recordado que Ayuntamientos y Diputaciones no son competentes para constituirse como ciudades o provincias antitaurinas, ni tampoco pueden abolir los espectáculos taurinos. De actuar así, estarían vulnerando la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que regula la Tauromaquia como patrimonio cultural y la define como bien de interés cultural.

Responsables de la Fundación subrayan que, de hecho, “la ley insta a los poderes públicos al fomento, divulgación y protección de la Tauromaquia, un mandato legal que compete y obliga tanto a Comunidades Autónomas y Diputaciones como a Ayuntamientos”.

Advierten también de que “los ayuntamientos que han venido declarándose ciudades antitaurinas han vulnerado ese mandato legal. Sus declaraciones son plenamente impugnables en los plazos que determina la jurisdicción contencioso-administrativa, como lo son también aquellos actos concretos con los que un consistorio materialice esa intención de impedir o dificultar espectáculos taurinos”. De hecho, la fundación ya ha interpuesto recursos contra decisiones de este tipo de varios ayuntamientos.

Desde la citada fundación se añade que los funcionarios municipales protagonistas e impulsores de estas iniciativas podrían incurrir en un eventual delito de prevaricación si, a sabiendas de su ilegalidad, continuaran adelante con sus actuaciones en contra de la Tauromaquia.

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