600 ENTIDADES RECLAMAN AL GOBIERNO AYUDAS PROPIAS A LA TAUROMAQUIA

Estatuario de José Tomás en Nimes. ¿El arte no es cultura?

Estatuario de José Tomás en Nimes. ¿El arte no es cultura?

De la Comunidad Foral figuran la Federación Taurina de Navarra y, a título particular, el Club Taurino Belagua y los de Peralta y San Adrián.

La Fundación Toro de Lidia ha remitido al Ministerio de Cultura el documento con las 37 medidas de apoyo a la tauromaquia suscrito por todas las asociaciones profesionales del mundo del toro y más de seiscientos colectivos civiles de toda España. Entre las más de 600 entidades que solicitan programas de apoyo específicos para el sector, en línea con lo aprobado para otras industrias culturales, se encuentran la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos (AVET), el Ayuntamiento de Alicante, la Asociación El Toro de Madrid, federaciones nacionales de aficionados, empresas, medios de comunicación y un largo etcétera.

La tauromaquia es el segundo espectáculo de masas en España, una de nuestras industrias culturales más potentes, con más capacidad de atracción de público español y extranjero y generadora de una relevante recaudación impositiva para las distintas administraciones públicas a través del IVA, de los cánones por explotación de las plazas de toros y de cuantiosísimas cotizaciones sociales, algo que ha realizado siempre sin prácticamente ninguna ayuda del Estado.

La tauromaquia y, por tanto, todas las familias que dependen directa o indirectamente del mundo del toro, viven tiempos de excepcional gravedad. Para volver a la normalidad y poder hacer frente a la situación derivada de la COVID-19, esta vez sí, la tauromaquia requiere del apoyo del Ministerio de Cultura, un apoyo similar al que siempre han gozado el resto de industrias culturales.

Victorino Martín, presidente de la FTL, declara que “la tauromaquia es una de las principales expresiones culturales de nuestro país. Reclamamos que por parte del Ministerio se concreten en las próximas fechas ayudas económicamente equivalentes a las aprobadas en el resto de actividades culturales”. Y añade: “Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y el deber de promover la cultura como derecho inalienable de todos los españoles”.

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